La tragedia ocurrida en Chiguayante, Región del Biobío, donde una madre es investigada por el asesinato de sus dos hijos, ha remecido las bases de la sociedad chilena, llevando el debate de la salud mental al centro de la agenda pública. La Fiscalía ha confirmado que la mujer portaba un arma de fuego y, según trascendidos, habría dejado una carta con un “análisis de la familia”, apuntando a un cuadro depresivo o psiquiátrico de larga data.
El caso no es solo un aberrante crimen familiar, sino la más cruda evidencia de la insuficiencia de las políticas públicas en esta materia. Expertos y organizaciones coinciden en que miles de personas con trastornos graves quedan fuera del circuito de tratamiento oportuno, y la crisis de salud mental, agravada post-pandemia, es tratada en Chile como un problema secundario. La sociedad exige ahora un compromiso financiero y estructural para evitar que la enfermedad mental termine en tragedia.