Una grave crisis financiera en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha puesto en riesgo el cumplimiento del ambicioso Plan de Emergencia Habitacional. La semana pasada se reveló que la cartera enfrenta una seria “falta de caja” para honrar los pagos a empresas constructoras que ejecutan proyectos de vivienda social a lo largo del país.
Esta situación de deuda con el sector privado genera un efecto dominó, pues las constructoras amenazan con paralizar las obras, deteniendo la entrega de miles de hogares a familias vulnerables. La polémica ha saltado al ámbito político, con la oposición exigiendo una total transparencia en las cifras del Minvu, e incluso condicionando su apoyo al Presupuesto 2026. La crisis no solo es financiera y administrativa, sino que golpea directamente a una de las urgencias sociales más sentidas del país: la necesidad de una vivienda digna.