El Comité Nueva Cordillera se reunió con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, debido a la orden de desalojo programada para el 1 de marzo. La medida afecta a más de 320 familias que habitan en la toma y campamento, generando gran preocupación a días del inicio del año escolar y con el proceso ya en marcha.
Tras la reunión, la presidenta del comité, Andrea, agradeció el respaldo del municipio, pero señaló que la principal dificultad radica en la negativa del dueño del terreno a aceptar las condiciones previamente negociadas con el municipio y el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU).
“Se nos exige abandonar el terreno este sábado. El municipio nos está apoyando, pero el dueño no respeta los acuerdos establecidos a través de sus abogados”, explicó Andrea.
El comité necesita reunir un pie de 197 millones de pesos para la compra del terreno y buscar una posible regularización de su situación. Para ello, el municipio colabora en la creación de una cuenta presupuestaria que permita recaudar estos fondos y transferirlos posteriormente a SERVIU.
Andrea destacó que el campamento es un espacio ordenado y pacífico. “Aquí hay familias consolidadas, trabajadores y extranjeros que han venido a aportar. No hemos tenido problemas de delincuencia. Queremos pagar por el terreno en el que vivimos y el municipio nos está respaldando con subsidios y apoyo para reunir los 197 millones necesarios”, señaló.
Además, el municipio, la Delegación Presidencial y SERVIU enviaron un oficio a la corte para intentar frenar el desalojo. Se espera una respuesta en un plazo de 24 a 48 horas, lo que mantiene a la comunidad en un estado de incertidumbre. La solución que el comité espera es la extensión del plazo de permanencia en el terreno hasta junio o agosto.
En la zona existen tres campamentos, siendo el Comité Nueva Cordillera el más numeroso. Ya se han firmado contratos y convenios, y un ente patrocinador ha avanzado en el proceso de compra y venta del terreno. Sin embargo, la última aprobación depende del propietario.
“No estamos saltándonos la fila, como algunos dicen. Lamentablemente, el sistema nos obliga a estas situaciones para que el Estado responda a nuestra necesidad de vivienda. Estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario”, afirmó Andrea.
Respecto a la reunión con Matías Toledo, Andrea indicó que el municipio mantiene su apoyo al comité. “La reunión fue positiva, seguimos contando con el respaldo del municipio. La controversia es con el dueño del terreno, no con las autoridades locales”, explicó.
Finalmente, Andrea hizo un llamado a la comunidad a no estigmatizar a los residentes del campamento. “Aquí hay familias con niños que asisten a la Teletón. Cuando la gente dona a esa causa, también debería recordar que hay niños en nuestro campamento que quedarán en la calle. Somos gente de trabajo y esfuerzo, solo exigimos lo que por derecho nos corresponde: una vivienda digna”, concluyó.
Reportaje: Esteban Huenulaf