En medio de un severo plan de ajuste fiscal que contempla la reducción de más de $413.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud, el Hospital Dr. Sótero del Río se ha transformado en el emblema de la vulnerabilidad de la salud pública. Un reciente decreto emitido por el Ministerio de Hacienda ha desatado las alarmas al confirmar que el histórico recinto asistencial de la Provincia de Cordillera lidera, a nivel nacional, la lista de recortes presupuestarios en más de 80 recintos hospitalarios del país.
El Sótero del Río: El más afectado del país
Las cifras oficiales revelan el impacto directo sobre la institución: el Hospital Sótero del Río sufrirá una disminución exacta de $3.182 millones de pesos en su presupuesto operacional para este año.
La situación se torna aún más compleja para la administración local. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, alzó la voz para denunciar que, sumado al tijeretazo hospitalario, el municipio enfrenta una asfixia financiera paralela:
“Nos dijeron que no recortarían el presupuesto de salud. Días atrás nos trataron de mentirosos, pero se materializó. El Hospital Sótero del Río es el más afectado con la reducción. Además, aún no llegan $3.500 millones de pesos a la Municipalidad de Puente Alto que debieron ser transferidos en abril. Esto nos tiene muy preocupados porque están orillando al desgaste de las instituciones públicas y municipales”, fustigó la autoridad comunal.
Los hospitales con mayores rebajas a nivel nacional
A nivel país, el Sótero del Río encabeza un listado donde el impacto presupuestario se distribuye de la siguiente manera en los puntos más críticos:
Hospital Región / Comuna Recorte Presupuestario
Dr. Sótero del Río Metropolitana / Puente Alto $3.182 millones
Hospital del Salvador Metropolitana / Providencia $2.757 millones
Hospital de Los Ángeles Biobío / Los Ángeles $2.706 millones
Hospital Regional de Concepción Biobío / Concepción $2.696 millones
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La paradoja del Nuevo Hospital: Infraestructura vs. Recursos Humanos
El millonario recorte coincide con un momento de transición crítica para la comuna, en el que se encuentra en plena ejecución la construcción del Nuevo Hospital de Puente Alto (también conocido como el Nuevo Sótero del Río).
Para los gremios de la salud y los expertos sanitarios, esto genera una profunda contradicción o “paradoja de ladrillo”: mientras el Estado invierte millonarios fondos en levantar una infraestructura moderna para el futuro, debilita el financiamiento del personal, insumos básicos y operatividad diaria en el presente.
Levantar un nuevo edificio no soluciona las listas de espera si la red asistencial actual se queda sin la liquidez presupuestaria necesaria para comprar medicamentos, pagar turnos de especialistas y mantener los equipos médicos en funcionamiento.
La Moneda se defiende: “Control de gasto que no afectará a pacientes”
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar ante la arremetida de una quincena de alcaldes que acudieron a La Moneda a entregar una carta de protesta.
Desde el Ministerio de Salud y Hacienda argumentaron que este ajuste fiscal (que equivale en promedio a un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales chilenos) responde a criterios de eficiencia económica y control del gasto público.
• Garantía de atención: Las autoridades ministeriales enfatizaron que la medida fue diseñada resguardando de forma estricta “la atención directa de los pacientes y la continuidad de todas las prestaciones médicas vigentes”.
• Brecha presupuestaria: Se argumenta que históricamente el sistema de salud arrastra desfases entre lo asignado y lo gastado, y que este decreto busca sincerar las finanzas públicas sin interrumpir cirugías ni hospitalizaciones.
Incertidumbre comunitaria
A pesar de los llamados a la tranquilidad del Ejecutivo, la comunidad de la zona sur de la Región Metropolitana permanece en alerta. Con una población beneficiaria que supera el millón de personas en toda la red sur-oriente, la pérdida de más de $3.100 millones en el Sótero del Río y los montos pendientes en la atención primaria municipal siembran dudas razonables sobre cómo se sostendrán los tiempos de espera y la dignidad de la atención en los meses más complejos del año.